Tala ilegal y presiones de la industria para obtener solicitudes de permisos y autorizaciones de construcción en zonas de manglar siguen atentando contra este ecosistema y violan la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), denunciaron las organizaciones Bios Iguana, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Defenders of Wildlife de México, Guardianes del Agua y Greenpeace México, en el Día internacional de los humedales.
A pesar de que el artículo 60 ter de la LGVS protege a los manglares del país desde el 2 de febrero del 2007 (1), son constantes las iniciativas de ley que pretenden modificar este artículo con el fin de autorizar que las empresas destruyan decenas de hectáreas (ha) de manglar. En BCS, Colima, Sinaloa y Quintana Roo, se localizan algunos de los casos recientes.
“La Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo ha destruido más del doble del manglar autorizado. En su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) (2) solicitó la remoción de 30.07 hectáreas (ha), sin embargo, información reciente obtenida de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) (3) revela que la API ya deforestó 66.65 ha, es decir, 35.95 ha más. La Semarnat debe revocar la autorización a la API porque ha falseado información, de acuerdo con el art. 35 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA); por ello, pedimos que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspenda este proyecto”, dijo Esperanza Salazar de Bios Iguana.
En 2008 y en ese mismo municipio, la Semarnat -que interpretó de forma errónea el artículo 60 ter de la LGVS- autorizó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la destrucción de 8 mil metros cuadrados de manglar para la construcción de la Terminal de Gas Natural Licuado de Manzanillo (TGNLM)(4).
Por otro lado, en 2009, la Profepa clausuró las obras en el proyecto Punta Carey, en Quintana Roo, por deforestar manglar al delimitar un predio (5). Este mismo proyecto pretende ahora construir 1.4 ha de canales dentro de la zona de manglar, a pesar de que se encuentra dentro del predio de 156 ha de X´cacel-X´cacelito, que incluye el Santuario de la Tortuga Marina, Zona Especial de Protección de Flora y Fauna, y de ser la principal playa de anidación de las tortugas caguama y blanca en el Caribe mexicano. Además es reconocido como humedal de importancia por la Convención Ramsar. La construcción afectaría al flujo hidrológico e infringiría al artículo 60 ter de la LGVS.
Otro proyecto sin autorización por parte de la Semarnat es el “Centro Integralmente Planeado” (CIP) de la Costa del Pacífico en Escuinapa, Sinaloa, inaugurado el 17 de febrero por Felipe Calderón. Este CIP sería del doble de tamaño que el de Cancún (6), ya que contaría con una superficie de 2,381 ha y tendría una capacidad de 44,200 cuartos. El riesgo es que se ubicaría junto a los Marismas Nacionales, el sistema de manglares más importante del Pacífico mexicano, que posee el 10 por ciento de los manglares del país, y está catalogado como humedal de importancia mundial (sitio Ramsar) (7). En 2009, Cemda y Greenpeace interpusieron una denuncia ante Profepa por este hecho.
Recientemente, la Semarnat aprobó el proyecto Entre Mares, financiado por Deutsche Bank México, que se pretende ubicar en 390.76 ha en la Península de El Mogote, en La Paz, Baja California Sur. La construcción de complejos residenciales, turísticos y comerciales, con un total de 3,420 unidades habitacionales, o su equivalente de 6,840 cuartos hoteleros y un campo de golf profesional de 18 hoyos, afectaría dunas costeras y los flujos hídricos que alimentan al manglar, contraviniendo el artículo 60 Ter de la LGVS.
Por otra parte, el proyecto Mayan Palace en Puerto Peñasco sigue destruyendo humedales impunemente, auspiciados por una concesión de protección. Esto a pesar de las denuncias emitidas ante la Profepa. Las afectaciones de este proyecto se verán reflejadas en la reducción en la captura de camarón y otras especies de importancia comercial.
“La Semarnat tiene congelada la publicación de la NOM 059 porque no quiere aumentar la categoría de riesgo de las cuatro especies de mangle existentes en México. Desde finales del 2006, académicos y autoridades de la misma Semarnat acordaron que las cuatro especies reunían los criterios para ser clasificadas como amenazadas. Sin embargo, el secretario Juan Elvira no ha permitido que se publique, evitando que los mangles y cientos de especies reciban nuevas clasificaciones de amenaza o peligro de extinción, con lo que no están teniendo la protección adecuada", dijo Juan Carlos Cantú, director de programas de Defenders of Wildlife de México.
Cabe señalar que la destrucción de manglares y especies vegetales consideradas en riesgo por la Norma Oficial Mexicana NOM 059 está tipificada como delito en los artículos 418 fracción I, 420 fracción 5 y 420 bis fracción 1 del Código Penal con penas de hasta 12 años de prisión cuando el delito se comete en un área natural protegida.
“Si evaluáramos las consecuencias económicas que tendrán en conjunto estos desarrollos para las pesquerías del país, estaríamos en el orden de una decena de millones de dólares anuales, pero con base en resultados recientes (8), la transformación de estas hectáreas de manglar de franja les costará a futuras generaciones más de $100 millones de dólares, solamente por la pérdida de productos pesqueros”, dijo Octavio Aburto-Oropeza investigador del Instituto de Oceanografía Scripps.
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— Greenpeace
